LIDERAGORA.net | El blog de Daniel Sánchez Reina

Un espacio de lectura y reflexión sobre Gestión Empresarial y Liderazgo. Y si quieres todavía más… todos los JUEVES a las 16:20 (GMT+1), en CAPITAL RADIO, mi sección "QUIERO SER UN BUEN JEFE"

El gen “tuza”

A partir de dos hechos recientes de las esferas del poder ejecutivo y del judicial respectivamente, quiero poner de manifiesto la mala influencia que las actitudes y decisiones de nuestros poderes públicos ejercen en nuestras tareas profesionales. Y también me preocupa enormemente en mi calidad de ciudadano y de padre.

Comienzo por el acontecimiento del ámbito del poder ejecutivo.

Si hay algo que por encima de todo me gustaría que les quedara a mis hijas como legado de su padre es el haberles inculcado que los compromisos se cumplen. Si algo no nos gusta, hay que decirlo antes de comprometernos a ello. Si estampamos nuestra firma en un contrato, sea oficial u oficioso, o si adquirimos un compromiso escrito o verbal, debemos estar  dispuestos a cumplirlo. Porque si no es así, perdemos nuestra honorabilidad. La honorabilidad es la madre de la confiabilidad. Si no somos confiables, ¿qué nos queda? Si todo es papel mojado, nuestra convivencia se asemejará a la ley de la selva.

Y cuando los incumplimientos provienen de un líder o de un representante público, el daño es todavía mayor si cabe. Son dos figuras que operan como referentes morales. Si quien debe velar por el más elemental sentido de honorabilidad no lo hace, su mal ejemplo se extiende como una mancha de aceite e impregna a los ciudadanos que poseen un sentido, digamos, líquido, de la ética.

Recientemente, un alto cargo del partido en el gobierno hizo unas declaraciones en las que afirmaba que el acuerdo de investidura al que llegó con un partido de la oposición parlamentaria es papel mojado; que se vieron obligados a firmar porque estaba planteado, y cito textualmente, “como lentejas, que o las tomas o las dejas”. Y yo les digo: pues si no querías lentejas, no haberlas comido. Entre otras cosas, el acuerdo afirmaba que cualquier cargo con responsabilidad pública que fuera judicialmente imputado –es decir, investigado por la justicia-, debía dimitir automáticamente. Pues bien, tal cosa ocurrió con el Presidente de la Región de Murcia, el cual se negó a dimitir y su partido le apoyó. ¡Qué enorme desfachatez! El gobierno se escuda en que, ante el supuesto de que finalmente el político fuera exonerado de toda culpa, se le habrá apartado de sus funciones injustamente. Alegan que la dimisión debería producirse en un estadio posterior, esto es, en el supuesto de que se le abra juicio oral tras la inicial declaración como imputado ante el juez. Pues bien, en primer lugar, por esta regla de tres tendríamos que esperar a que el caso se cerrara con sentencia judicial o con sobreseimiento. Solo así sería posible demostrar la inocencia o culpabilidad del político, para lo cual pasarían meses o años, y mientras tanto el político manchado seguiría ocupando su cargo tan ricamente. En segundo lugar, tendrían que haber planteado esta enmienda al acuerdo antes de estampar su firma en él. ¿O es que pretendían llegar al gobierno a toda costa y ni siquiera se leyeron ni negociaron el acuerdo? En fin, un lamentable ejemplo para los ciudadanos.

No es una cuestión ideológica en absoluto lo que me mueve a hacer esta crítica. Es una  cuestión moral. ¿Cómo voy a decirles a mis hijas que cumplir los compromisos es sagrado cuando nuestros gobernantes no lo hacen? Y a los profesionales con los que trabajo, ¿con qué autoridad les voy a conminar a cumplir sus acuerdos? Ni los padres y madres ni los profesionales nos merecemos que nuestros representantes públicos se conviertan en un referente de inmoralidad. Porque de ahí a que los ciudadanos, imitándoles, padezcamos la mutación del gen “tuza”, hay muy poca distancia. Les pido un poco más de responsabilidad. Si queremos ser un país puntero y referente, se necesita, además de capacidad, VALORES.

Paso a relatar el otro hecho, el de la esfera judicial, que anuncié al comienzo del artículo.

Varios tuits jocosos sobre la muerte a manos de ETA de Luis Carrero Blanco, en la última etapa de la dictadura franquista, a la sazón Presidente del Gobierno, han provocado la condena de su autora, una estudiante de 21 años, a un año de cárcel. Motivación jurídica: enaltecimiento del terrorismo.

Tengo un claro posicionamiento ante esta sentencia: me parece un atentado a la libertad de expresión perpetrado por el poder judicial. No sé si es el resultado de la existencia de una corriente retrógrada en nuestra judicatura, o es que como sociedad nos la estamos cogiendo con papel de fumar últimamente. Ambas cosas son igualmente preocupantes.

Quiero hacer un breve análisis de la situación que ha llevado a esta chica a ser condenada, en mi opinión, injusta y preocupantemente.

En primer lugar, Carrero Blanco era considerado el que sería continuador del régimen instaurado por el dictador Franco, una vez muerto éste. Mientras el pueblo ansiaba libertad, el gobierno de aquellos últimos años de la dictadura aumentó la represión para trasladar el mensaje de que el régimen era fuerte. No sabían que la mayor muestra de debilidad es la necesidad de mostrar fortaleza. Muchos demócratas celebraron la muerte del que a todas luces iba a ser el sucesor del dictador. Decía Max Weber –padre de la moderna sociología a finales del siglo XIX- que “un Estado es aquella institución que reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia legítima”. En mi opinión, si no ha sido la voluntad democrática del pueblo la que ha conformado ese Estado, la violencia aplicada por éste tampoco es legítima. En otras palabras, la represión ejercida por la dictadura no era legítima. Por tanto, y relacionado con el asesinato de Carrero Blanco, se abre aquí un dilema moral: ¿es legítimo aplicar la violencia contra un poder tiránico? Es decir, ¿está justificado asesinar a los altos cargos de un gobierno dictatorial? No tengo una clara posición a este respecto, pero puedo comprender perfectamente que los demócratas de aquel tiempo se alegraran de la muerte de Carrero Blanco, de Franco y de cualquier otro despojo humano que reprimiera la libertad de expresión bajo el pretexto de una superioridad moral autoconcedida.

Recurro frecuentemente a la filosofía y a los filósofos, que ordenan mis ideas y me ayudan a posicionarme. John Locke, el filósofo y político inglés del siglo XVII, padre del empirismo en filosofía y del concepto de democracia liberal moderna, inspirador, un siglo más tarde, de la Declaración de Independencia Norteamericana y de la Revolución Francesa, decía que, en el estado de naturaleza originario, los seres humanos eran libres e iguales. Libertad e igualdad que son teóricas, decía Locke, pues los deseos de los unos colisionaban con los de los otros, generándose conflictos y belicosidad. Locke decía que todos los seres humanos tenemos el derecho a la vida y a la libertad, en la medida en que no perjudique la vida y la libertad de los demás. Sin embargo, sin un elemento de coerción no somos capaces de disfrutar de nuestra vida y libertad ni de permitir el disfrute de los demás. Para dar solución a esta paradoja, tenemos que unirnos en un contrato social que garantice nuestros derechos, estableciendo un gobierno que imponga las leyes que nos protejan. Así queda establecido un marco de seguridad. Podríamos pensar que esto es una limitación a nuestra libertad teórica. Sí, así es. Pero en cambio nuestra libertad real crece. Para Locke, el consentimiento del pueblo es la única base para la autoridad del gobierno. Textualmente dice: “Quienquiera que, gozando de autoridad, se exceda en el poder que le confiere la ley y haga uso de la fuerza que tiene a su mando para extenderla a temas que la ley no permite, puede encontrar la misma resistencia que cualquier hombre que invade el derecho del otro. Si el gobierno o el gobernante viola los derechos de los ciudadanos individuales, el pueblo tiene derecho a rebelarse y liberarse de este gobernante o gobierno. Robar y destruir la propiedad de la gente, o reducirla a esclavitud, coloca al gobernante en estado de guerra con su pueblo, que queda absuelto de toda obediencia y libre de acudir al recurso que Dios ha dado a todos los hombres contra la fuerza y la violencia”. Se refería a la rebelión del pueblo.

Así las cosas, la condena de esta chica está doblemente descontextualizada: por una parte porque, en aquellos años, enaltecimiento del terrorismo era tanto lo que hacía la dictadura -ya que ejercía la violencia del Estado basándose en su poder legal pero ilegítimo- como lo que hacía ETA; por otra, ¡porque hace ya 44 años del tiranicidio!

En segundo lugar, soy un convencido de que no debe haber límites a la libertad de expresión. Si alguien se siente ofendido o ultrajado en su honor por lo que alguien diga, debe interponer una querella judicial por injurias contra ese alguien. Y lo que un juez valorará será si lo que el querellado ha dicho obedece o no a hechos fehacientes. Para vivir en un Estado en el que todos nos sintamos libres de expresar nuestras ideas es necesario que ninguna idea pueda ser reprimida, por muy bárbara o de mal gusto que sea. Será la sociedad la que estigmatice o secunde al emisor. Quien exprese ideas racistas o criminales recibirá el mayor de los rechazos, que es el de la sociedad en la que vive. Esto es mucho más potente  que cualquier sentencia judicial. Lo mismo con las bromas macabras o de mal gusto: la persona que las emite debe sentirse libre de hacerlas, y el resto de ciudadanos nos sentiremos libres de reprocharlas o de reírnos con ellas. Las ideas pertenecen al terreno de la moral. Ningún juez ni ningún otro ser humano está legitimado a erigirse en ‘vigilante’ de la moral, porque ¿quién vigila entonces la moral del vigilante? La única solución a esta paradoja es no poner coto a la libertad de opinión, aunque eso signifique tener que oír opiniones que aborrezcamos. Condenar a prisión o a pagar una multa a quien emite una opinión es el primer escalón hacia el miedo a abrir la boca, porque siempre nos quedará la duda de si podemos soliviantar el subjetivo concepto de la moral de un juez. Nos conduce a la autocensura, que es la peor de las censuras por limitante, abocándonos a la mediocridad. Es la decadencia de las libertades que tanta historia y tanta sangre costaron a los que nos precedieron.

Y hasta aquí mi visión sobre los dos hechos relatados.

Me preocupa mucho, tanto en mi faceta profesional como mentor y en la personal como padre, tener que estar driblando la falta de ética de nuestros líderes y representantes públicos. Se supone que deberían ser nuestro máximo referente ético. Y me inquieta también que un juez me ponga la zancadilla desde su poltrona, metafóricamente, cuando abogo, tanto en mi faceta profesional como en la privada,  por expresar sin miedo lo que se piensa como la más potente herramienta para evolucionar.

Te deseo lo mejor.

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Vídeo sobre “El mentor”

Socio ejecutivo de la consultora E2-Eficiencia Empresarial

Autor de El mentor (Ed. Almuzara).

Autor de El dilema del directivo (LID Editorial).

Colaborador en Capital Radio.

Articulista en Cat.Economica

Miembro de LID Conferenciantes.

Escucha mis podcasts: Capital Radio – Podcasts

Sígueme en Twitter: https://twitter.com/DanielSnchezRna

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Un comentario el “El gen “tuza”

  1. Jesus
    abril 9, 2017

    Estimado Daniel, bienvenido al S. XXI donde ser político es sinónimo de sinvergüenza y cinismo entre otros “valores” de político, si es que alguna vez no fue eso. El poder atrae y también corrompe a veces o casi siempre impunemente. Se aferran a este en espera de hacerse ricos o bien, poderosos o ambas cosas pero pocas veces por dignificar el ideal y la honorabilidad de la encomienda pública para servir con honorabilidad y dignidad (Perdón, ¿qué es eso?). “Nunca seas como un político”, le enseñaría a mis hijos.

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